San José, 19 ago (Prensa Latina) La Contraloría General de la República (CGR) persistió en cuestionar la legitimidad de la «Ley Jaguar para el desarrollo» propuesta por el gobierno costarricense, al interponer hoy una consulta de constitucionalidad del proyecto.
La entidad reguladora, primera instancia que rechazó el texto cuando surgió a principios de mayo, alegó en su solicitud a la Sala IV o Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que la normativa significa una grave afectación de sus competencias como auxiliar del Congreso, añadió el diario Delfino.cr.
El pedido de la CGR, cuya capacidad de fiscalización es ignorada en esta segunda versión de la iniciativa («Ley Jaguar 0.2») como lo fue en la anterior, fue firmado por la contralora Marta Acosta y su segundo al mando, Bernal Aragón.
La consulta apunta contra los artículos 2, 4 y 5 del proyecto de ley, que fueron también enviados a consulta a inicios de mes por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), impulsado por varios diputados.
La Sala IV declaró inconstitucional el primero de esos artículos en el texto original del proyecto, pero miembros del Ejecutivo lo presentaron en el segundo texto con una versión modificada que, según ellos, «sí pasaría una revisión constitucional».
Acosta asegura que la redacción pretendida por el Ejecutivo, al suprimir competencias constitucionales y descartar la fiscalización de la Contraloría, obligaría a acudir a la tutela cautelar para acreditar que el ente regulador sí tiene esas facultades.
La CGR sostiene que ese tipo de regulaciones o esquemas de limitación son propios del derecho privado, no del público, por lo que es «innecesario, desproporcionado e inconstitucional delimitar y restringir el ámbito de competencias de la institución».
El texto de consulta de la Contraloría fue recibido por la Sala IV o Constitucional de la CSJ, está bajo estudio de admisibilidad y se tramitará bajo el expediente 24-22441-0007-CO, precisaron fuentes de esa instancia citadas por Delfino cr.
Por su parte, la diputada oficialista Pilar Cisneros adelantó que el gobierno, empeñado en el llevado y traído referendo sobre dicha Ley, podría tramitar una reforma a la legislación que regula la celebración de ese tipo de consulta popular.
La parlamentaria declaró a Extra Radio que el Ejecutivo espera un nuevo fallo de la Sala IV sobre la legalidad del segundo texto de la Ley, después que esa instancia declaró el primero como inconstitucional, ante una consulta del TSE.
Cisneros, quien recordó los 70 intentos de referendo propuestos hasta ahora, de los cuales solo prosperó uno, admitió que la Asamblea Legislativa (parlamento) rechaza celebrar otro ahora, «pero no nos preocupa, porque nosotros usamos dos vías y la otra es la popular».
Contraloría tica complica crisis de constitucionalidad de Ley Jaguar
